¿Cuántas personas saben que la bicicleta tiene prioridad de circulación por su carril?

Los datos de accidentes de tráfico en España y Catalunya continúan en la línea de descenso de los últimos años. Todo ello quedó empañado por la trágica noticia del fallecimiento de una ciclista en las calles de Barcelona.

Revisando los datos cerrados de 2010 sobre accidentes en zona urbana en España, las muertes de ciclistas han sido de 18 y de 2.300 heridos.

Los fallecimientos anuales de ciclistas en nuestras ciudades deben plantear una especial situación de alerta para los responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos.

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Es la primera vez que se escucha la voz de las víctimas en las propuestas.

Entrevista realizada al Sr. José Pérez Tirado, Abogado defensor de las víctimas y miembro del Grupo de Expertos para la reforma del Baremo.

 

Abogado defensor de las víctimas y miembro del Grupo de Expertos para la reforma del Baremo

En España tenemos un sistema de valoración que nació en 1995 y que, a diferencia del resto de países de europeos, se creó con únicamente la participación del sector asegurador, no se llamó a las asociaciones de víctimas, por lo que resulto un baremo muy proasegurador y poco favorable a las víctimas.
En el año 2003, cuando se reforma este baremo, volvió a ocurrir lo mismo, ya que participó de forma muy activa al que en ocasiones se le llama el “legislador en la sombra”, es decir, el sector asegurador, pero tampoco se contó con las víctimas.

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A raíz de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que anula el embargo de cuentas provocado por no pagar una multa de tráfico,

Sentencia TSJ Madrid notif multas embargo cuentas

Me gustaría comentar algunos aspectos destacables:

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelve el Recurso Contencioso-Administrativo planteado por la Asociación AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) en relación a la impugnación de una liquidación efectuada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por una multa de tráfico exigida por vía de apremio.

Los hechos de los que deriva el Recurso se centran en que en su día por parte de la Dirección General de Tráfico (dependiente del Ministerio de Interior) se intentó la práctica de la notificación de la sanción pecuniaria a la asociación recurrente, tan sólo por una vez y en un domicilio que resultó según el servicio de correos como “desconocido” cuando años antes la recurrente había comunicado al Ministerio del Interior el cambio de domicilio, facilitándose otra dirección en la que se podía haber llevado a cabo un segundo intento de notificación. No obstante lo anterior, la Administración optó por la notificación Edictal, sin efectuar ulteriores gestiones de averiguación de domicilio.

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1.- En nuestro actual CODIGO PENAL la normativa sobre OMISION DEL DEBER DE SOCORRO está recogida en los artículos 195 y 196:

Artículo 195.
1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.
2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.
3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años.
Artículo 196.
El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años.

2.- Como podemos comprobar, la clave para la aplicación del artículo 195, es la concurrencia de “persona que se halle desamparada” y después todavía se exige un segundo requisito “en peligro manifiesto y grave”.

3.- Con el segundo requisito, se puede incluso dar el caso de que acreditándose el inmediato fallecimiento de la persona, no se cumpla el tipo penal, pues la víctima ya no se encuentra “en peligro manifiesto y grave”.

4.- Para comprender mejor la situación, os traslado el comentario de varias Sentencias:

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Aplicación de la Justicia que resulta incomprendida por las víctimas de los accidentes de tráfico

Cuando se decide ejercer como acusador la defensa y reclamación de los derechos de las víctimas de los accidentes de tráfico y de sus familias, en muchas ocasiones, se siente una gran incomprensión ante el resultado de muchas Sentencias que parecen declinarse siempre hacia la protección del delincuente y en cambio, parecen olvidar los derechos y reivindicaciones que también deberían tener los “afectados” en nuestro proceso judicial.

No se trata de buscar castigos ejemplares, simplemente reivindicamos desde las Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Tráfico un adecuado cumplimiento de la Ley, y muy especialmente, una aplicación equitativa de la misma, pues en muchas ocasiones, las condenas son en realidad una “burla” para las víctimas, que observan como personas desalmadas, que conducen borrachas, que abandonan a las víctimas y que no respetan las normas de circulación, se van “de rositas”, sin aplicar nuestros Tribunales una adecuada penalidad.

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