• Asociaciones, jueces y fiscales cuestionan el perdón a conductores condenados
• Las medidas de gracia pueden dilapidar los esfuerzos en seguridad vial

“Indultado un kamikaze que mató a un joven”. “Indulto parcial para un conductor condenado por la muerte de tres personas”. “El BOE publica un nuevo indulto por un delito contra la seguridad vial”. “Pide un indulto un conductor ebrio que causó una muerte”. “Un conductor que mató y robó a la víctima evita la cárcel con un pacto”. Al menos cinco titulares, de cinco delitos de tráfico distintos, saltaron a la prensa en una semana, días después de que Interior presentara el balance de siniestralidad vial y ratificara su compromiso en la batalla contra los accidentes de tráfico. Según este balance, en 2012 se produjeron 1.304 fallecimientos solo en carretera (son aún datos provisionales). En 2011 murieron 2.060 personas, incluyendo los fallecidos en ciudad.

Los familiares de las víctimas han recibido las últimas noticias sobre indultos a conductores con indignación. Fiscales y jueces, también. Incluso algunos políticos del Partido Popular han manifestado su posición en contra. ¿Son coherentes estas medidas de gracia con el objetivo del Gobierno de promover la seguridad vial? ¿O dilapidan todos los esfuerzos realizados?

El caso que ha desatado una mayor polémica es el del conductor kamikaze Ramón Jorge Ríos Salgado. Según la sentencia condenatoria, hostigó a un vehículo, lo golpeó, siguió circulando pegado a él, y lo volvió a golpear hasta obligarle a parar en el arcén. Luego accedió a la autopista y comenzó a circular en sentido contrario a gran velocidad. Cinco kilómetros después, colisionó frontalmente con un turismo. Su conductor, José Alfredo Dolz, de 25 años, murió. Su novia, que lo acompañaba, resultó gravemente herida. La Audiencia Provincial de Valencia le condenó a 13 años de prisión por “un delito de conducción grave, con desprecio para la vida de los demás”, pero el Consejo de Ministros conmutó su pena por una multa de algo más de 4.000 euros (seis euros diarios durante dos años).

La Audiencia Provincial de Valencia, la fiscalía y la familia de la víctima se opusieron al indulto. Pero sus informes, según señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no son vinculantes. Solo el centro penitenciario de Alicante, donde ingresó el 2 de febrero de 2012, habló en su favor.
¿Por qué fue entonces perdonado y solo cumplió 10 meses de condena? Gallardón argumentó que Ríos Salgado estaba “reintegrado social y laboralmente”, que no conducía bajo los efectos del alcohol y que sufrió un ataque de epilepsia —el único en su vida—, que, sin embargo, no fue aceptado por los jueces. A pesar de ello, tuvo “dudas”, pero un indulto concedido por Zapatero en 2011 a un kamikaze condenado a 12 años despejó el camino, según explicó.
No tiene nada que ver un caso con el otro”, defiende un asesor del entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que participó en las deliberaciones sobre aquel indulto. “Ese kamikaze había pasado ocho años en prisión y estaba en libertad condicional al haber cumplido dos tercios de la condena”, defiende, sorprendido, porque nadie en el PSOE rebatiera en el Congreso el argumento de Gallardón. Según este ex asesor del Ministerio de Justicia, había “una gran restricción” a la hora de conceder indultos por delitos de seguridad vial.
Zapatero perdonó a 22 condenados por delitos de tráfico, 18 en la primera legislatura (2004-2008) y otros cuatro en la segunda (2008-2011), aunque hubo tres años —2005, 2007 y 2008— en los que no se indultó a nadie por este tipo de delitos. Aunque el récord lo ostenta el expresidente José María Aznar, con 313 indultos, el Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido desde su llegada al poder siete indultos por delitos contra la seguridad vial; el último se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 18 de enero.

Estamos muy desanimados, parece que puedes ir borracho, superar la velocidad permitida, matar a personas… pero luego te indultan”, critica el abogado experto en seguridad vial José Pérez Tirado, portavoz de las Asociaciones de Víctimas de Tráfico. El letrado no puede entender que Ruiz-Gallardón se cargue de un plumazo el trabajo de la policía, de los abogados, de los fiscales y de los jueces”. “El ministro de Justicia se ríe de la familia de la víctima y de toda la sociedad, hace lo que le da la gana, como si fuera un emperador romano”, protesta.

Pero lo más pernicioso del polémico indulto es su posible efecto en la educación vial, especialmente después de todo el trabajo realizado en este terreno a lo largo de los últimos años. A la implantación del permiso de conducir por puntos, la reforma de la Ley de Seguridad Vial, del Código Penal y del procedimiento sancionador del Gobierno de Zapatero se suman las nuevas líneas de actuación del equipo de Rajoy, muy centradas en la lucha contra el consumo de drogas antes de conducir, y la implicación de todos los sectores relacionados con la seguridad vial, desde abogados, jueces, fiscales, policías y guardias civiles a asociaciones de víctimas, clubes de automovilistas y fabricantes de vehículos.
“¿Qué vamos a decirles ahora a quienes hacen los cursos de recuperación de puntos del carné de conducir? Nos dirán que solo corrían un poco más de la cuenta o que solo habían bebido una copa de más”, se queja el abogado.

Un conductor condenado en País Vasco a tres años de prisión por haber matado a una persona cuando conducía con una tasa de alcohol cinco veces superior a lo permitido acaba de solicitar su indulto. El abogado José Pérez Tirado formó parte de la acusación popular. “Si yo ahora me lo encuentro cara a cara, ¿cómo le digo que él sí merece ir a la cárcel y el kamikaze no?”, espeta. En cualquier caso, la decisión que adopte el Gobierno será “injusta”, sostiene. Si resulta indultado, “será inaceptable, porque aquel hombre se subió ebrio a su vehículo y mató a otro conductor que no tenía la culpa”. Pero si no se lo concede, “también será injusto, porque uno puede preguntarse que quizá se debe a que ha acudido a un despacho distinto”, denuncia el abogado Pérez Tirado, en alusión al letrado que defendió a Ríos Salgado. Se trata de Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, hermano del diputado del Partido Popular Ignacio Astarloa, y miembro del mismo bufete en el que trabaja el hijo de Gallardón —junto a “más de 500 letrados”, según esgrimió el propio ministro hace unos días—.
En el debate generado por este caso hay un aspecto de fondo que no puede eludirse, y es que el indulto es una figura jurídica legal. Por mucho que a veces genere alarma social o, tal como señalan las asociaciones de víctimas, resulte “éticamente inasumible”.

“De acuerdo con la Constitución española, las sentencias judiciales deben estar motivadas, pero el indulto es la única resolución que no debe motivarse”, critica el abogado Pérez Tirado. Y señala otro de los “injustos privilegios” del Real Decreto de Concesión del Indulto: “Cualquier sentencia se puede recurrir, incluso se puede llegar hasta las instancias europeas, y la única excepción es el indulto”.
Para el abogado Pérez Tirado, la solución para el futuro será abolir la ley de indultos, vigente desde el año 1870. “Que sea el propio tribunal el que indulte, solo en casos muy excepcionales, donde la aplicación estricta de la ley sea injusta y que lo decida el propio juez que aplica la sentencia”, propone el abogado. Algo que, en su opinión, sería inadmisible “en situaciones tan gravísimas como la del kamikaze”.

El presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, ya se ha pronunciado sobre la necesidad de “cambiar” el sistema de concesión de indultos o, “por lo menos”, establecer que sea preciso argumentarlos. Más comedido ha sido el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, que recuerda que la concesión de medidas de gracia es una “función del Gobierno y del Rey”, aunque subraya que a él no le acaba de gustar el indulto del kamikaze.
En términos más duros se ha manifestado la asociación Jueces para la Democracia (JpD), que considera que con estos indultos el Ejecutivo “usurpa” las funciones del Poder Judicial. En el caso concreto de Ríos Salgado, el portavoz de JpD, Joaquim Bosch, estima que el perdón de Gallardón es “contrario a la Constitución” porque “quiebra los principios de igualdad y seguridad jurídica” ya que se desconocen los motivos por lo que unos ciudadanos son indultados y otros no cuando se encuentran en circunstancias similares.
Las familias de las víctimas tienen derecho a saber por qué se conceden los indultos y nos negamos especialmente a que se den en aquellos casos con víctimas mortales”, reclama Francisco Canes. Según el presidente de la asociación DIA es muy duro conocer que el autor, que ya estaba en prisión, queda en libertad, sobre todo cuando ya se ha realizado un proceso judicial previo y con una sentencia firme, agotándose todas las vías”. Ese es precisamente el sentimiento de la familia de José Alfredo Dolz. “El único consuelo para la familia que ha perdido a un ser querido es que el culpable de todo el dolor cumpla toda la condena, pero eso no va a pasar en nuestro caso”, lamenta su hermana.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que no es “política del Gobierno” de Rajoy conceder indultos por delitos de tráfico. Y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró tras un Consejo de Ministros que el Gobierno procurará “hacer una gestión y análisis mucho más riguroso, si cabe, de los procesos”. Santamaría garantizó que “está en el ánimo de todos los miembros del gabinete el aplicar la ley de la mejor manera posible, con equidad y rigor”, pero defendió que todos los indultos que concede el Gobierno tienen un informe favorable del Ministerio Fiscal o del tribunal sentenciador. Obvió, sin embargo, que en el caso del kamikaze tanto uno como otro se pronunciaron en contra.
Patricia R. Blanco — EL PAÍS

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