el blog de Esther Clavero

 

“Las malas leyes hallarán siempre, y contribuirán a formar, hombres peores que ellas, encargados de ejecutarlas”

Concepción Arenal

La sociedad se va conformado de forma moralmente muy criticable. Conforme a lo previsto por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE 21/11/2012) con un único afán recaudatorio, rompe con el art. 24 de la CE que proclamada la igualdad de oportunidades al derecho a la justicia. A partir de ahora y de acuerdo con el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero (BOE 23/02/2013) la justicia tiene precio, y distingue entre rentas. Con esta medida la derecha española hace viva las declaraciones de Platón según el cual “la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte“.

La derecha sigue actuando y abriendo camino a las injusticias sociales, rompiendo el equilibrio y profundizando en las diferencias entre los grupos sociales. Cada día nos despertamos con un nuevo recorte o una privatización que añadir al largo listado; o con un nuevo caso de corrupción: o una corrupción más que añadir a algún imputado. Confío en que la ciudadanía que confiando en que un nuevo gobierno traería a la sociedad española mayor prosperidad se dé cuenta de las grandes golpes que nuestro sistema público está padeciendo en todos sus ámbitos.

El gobierno está cada día más optimista; pero la impresión de la ciudadanía no es tan entusiasta; la vulnerabilidad, la miseria y la exclusión social aumentan cada día; el Eurogrupo nos pide que trabajemos más, que cobremos menos y que nos jubilemos a los 70 años. Las perspectivas no son muy halagüeñas para los que viven de un salario en descenso: perdiendo capacidad adquisitiva.

Hasta ahora, nos quedaba la justicia, no olvidemos que también es un servicio público, como la sanidad o la educación, y a ella hemos recurrido cuando hemos visto avasallados nuestros derechos, que cada vez son menos, pero aún nos quedaba esa baza; pero hace poco más de un año se acabó la justicia única para todos los ciudadanos. Y sólo quienes le han puesto precio a la justicia y la han convertido en un derecho inaccesible para muchos, defienden este sinsentido.

Hoy hay dos justicias: la de los pudientes que pueden contratar a los gabinetes de abogados más prestigiosos sin temor a pagar unos cuantos miles de euros, y la de quienes no acuden a ella por no poder afrontar las nuevas tasas.

El gobierno del PP, con uno de sus ministros estrella a la cabeza, Ruiz Gallardón, pone en escena las llamadas “tasas judiciales”, su excusa, la Administración de Justicia está saturada y hay que disuadir a la ciudadanía al acceso a los tribunales, pero a qué ciudadanos se refiere el señor ministro, a qué ciudadanos quiere disuadir con esta medida. El señor Gallardón, en su maldad o en su ignorancia, no ha caído en la cuenta de que somos el país que menos jueces por habitante tiene de Europa, y que un servicio público como es la justicia debe ser sufragado por los impuestos generales. La Constitución a la que tanto se apela para muchas otras cosas, se está incumpliendo sistemáticamente en materias de derechos: trabajo, vivienda, sanidad, educación, y ahora justicia.

En el país que sufre las mayores desigualdades de Europa, no se le ha ocurrido al gobierno del PP otra cosa que introducir una más. ¿Ésta es la justicia del PP?, ¿éste es el modelo que se quiere implantar? Parece un empeño del PP que cada día se profundice más en las desigualdades sociales. Esto se ha convertido en una obviedad.

Sabíamos que el PP estaba por hacer recortes en el gasto público sin importarle que España se convierta en un país de “beneficencia”, pero nos sorprenden cada día y nos hacen temblar cada viernes cuando la portavoz del Gobierno, después del Consejo de Ministros, nos anuncia a quién le toca esta vez pagar penitencia con un nuevo recorte.

El ministro Gallardón quiere darle un buen bocado a derechos adquiridos con anterioridad: justicia y aborto. ¿Qué estará pasando por las cabezas de los ministros del gobierno?, recortes, recortes, y más recortes, pero siempre para los mismos. Curiosamente, de los 75.000M€ de fraude fiscal, que si se recaudaran resolverían bastantes de los problemas que padecen los ciudadanos, el gobierno ha renunciado a recuperarlos, Esperemos que otra “amnistía fiscal” no sirva para blanquear el ennegrecido dinero de unos cuantos a los que los recortes no afectan. Apaguen el televisor los viernes o mediten su voto en las próximas elecciones.

 

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