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Recientemente he sido conocedor de la práctica de algunos Ayuntamientos que imponen sanciones de tráfico después de que se ha producido un accidente, muchas veces sin víctimas, en sus  vías  urbanas y han levantado informe o atestado del accidente.

El aspecto curioso de estos casos es que los agentes no han podido observar los hechos y esta es una de las condiciones básicas que la Ley de Tráfico impone a las denuncias de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico para que las denuncias den fe de los  hechos observados, no alcanzando deducciones ni apreciaciones.

Las administraciones locales deben imponer sanciones siguiendo un determinado procedimiento y no son un Juez que se basa en el procedimiento penal y después de escuchar, valorar los informes y pruebas aportadas puede decidir la culpabilidad.

Parece que algunos municipios confunden y se me escapa el motivo,  aspectos básicos del procedimiento sancionador de tráfico con otros procedimientos que están diseñados por las leyes  para decidir culpabilidades de hechos no observados directamente por agentes  y que necesitan de unas garantías diferentes y unas valoraciones objetivas e imparciales.

Además estas sanciones pueden estar rompiendo la presunción de inocencia que nos otorga la Constitución y no puede ser que por simples indicios o conjeturas en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, se dé por probada una infracción que no fue observada en el momento, como saltarse un semáforo, no respetar un ceda el paso, etc…

Las sanciones de tráfico deben estar fundamentadas en la probanza plena y a la observación directa de los hechos para que tengan la presunción de veracidad que la Ley otorga a los agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia de tráfico, como dice la ley y ha remarcado la jurisprudencia del tribunal supremo.

No es recomendable realizar experimentos interpretando las normas de forma torticera, siendo mejor que se pongan medios para realizar unos informes de los accidentes de tráfico que sean buena prueba para que los jueces puedan depurar responsabilidades, no materia para poner una multa administrativa.

ALFONSO PERONA
Abogado.

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