71Es fundamental que podamos avanzar en la reducción de la siniestralidad, así se evitan las pérdidas de vidas humanas y el gran impacto en la discapacidad prematura que muchas lesiones producen los accidentes de tráfico, pero también es fundamental para que nuestra Sanidad Pública pueda soportar el gran coste económico que representa el tratamiento de las graves lesiones que producen los accidentes.

¿Está recuperando la Sanidad Pública los gastos sanitarios que producen dichos accidentes?

En mi opinión, no está ocurriendo, pues tenemos una legislación que no protege a la Sanidad Pública y no garantiza un sistema rápido de percepción de los gastos sanitarios, debiéndose establecer en el Seguro Obligatorio de Automóviles una responsabilidad objetiva en materia de tales gastos sanitarios, que permita la acción directa para su reclamación y poderlos recuperar a su verdadero coste real.

Son necesarias modificaciones legislativas, donde se reconozcan los “gastos sanitarios futuros después de la estabilización de las secuelas”, pues por una inexplicable actuación de nuestro legislador, que debería velar y preocuparse por los intereses de sus ciudadanos y del dinero público, se introdujo en la Ley 21/2007, una “curiosa” y en mi opinión personal, “vergonzosa” modificación en el Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de Circulación, y donde decía:

“Además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica y hospitalaria y, además, en las indemnizaciones por muerte los gastos de entierro y funeral”, pasó a decir:

“Además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada”.

No puedo comprender que al incorporarse al Derecho español una norma comunitaria que tenía que servir para mejorar la protección de las víctimas (y de la Sanidad), se transformara en todo lo contrario, incluyéndose un “límite asistencial”, con la expresión: “hasta la sanación o consolidación de secuelas”, como si nadie supiera que muchos lesionados, necesitan asistencia sanitaria después de la consolidación de las secuelas para cumplir con el derecho a la salud y a la dignidad de las personas.

¿A quién pudo ocurrírsele la “fenomenal” idea de introducir ese límite asistencial? Una vez más, se trasladó a nuestra Sanidad Pública o al propio bolsillo de la víctima todos los gastos asistenciales futuros una vez consolidadas sus secuelas, y de esta forma, una vez más, nos diferenciamos de Europa y de sus legislaciones en materia de seguro del automóvil, que evidentemente, asumen y garantizan los gastos futuros que necesitan esos grandes lesionados.

Es necesaria en España una inmediata regulación sobre esta cuestión. En Europa estos gastos futuros son abonados por las Entidades Aseguradoras, mientras que en nuestro país, esos gastos quedan “desaparecidos”, y cuando se producen, son asumidos en la gran mayoría de ocasiones por la Sanidad Pública sin posibilidad de recuperarlos, lo cual, no es justo.

Todos debemos defender y cuidar a nuestra Sanidad Pública, es necesario que la hagamos sostenible y debemos de preocuparnos por ella.

JOSE PEREZ TIRADO / ABOGADO
Representante de las Asociaciones de Víctimas

“Lo que cuesta una vida”  Artículo de PATRICIA R. BLANCO publicado en El País

 

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