A lo largo de los años de ejercicio como Abogada especialista en Derecho de la Seguridad Social en PEREZ TIRADO ABOGADOS, he atendido muchas consultas de clientes que deseaban tramitar una incapacidad o una minusvalía / discapacidad.

Muchos de nuestros clientes llegan al despacho desconociendo las diferentes funciones de ambas (incapacidad o una minusvalía / discapacidad) y las consecuencias jurídicas aparejadas a cada una de ellas.

Tras mantener una extensa conversación con el cliente, en algunas ocasiones compruebo que éste tenía una idea preconcebida de precisar una incapacidad y, cuando ha conocido en que consiste, ha preferido por su situación personal tramitar una minusvalía.

Con el presente artículo lo que pretendo, en la medida de lo posible, es clarificar ambos conceptos de la forma más gráfica y sencilla, e intentar que dicha información pueda llegar a todas aquellas personas que estén interesadas en estos asuntos, con el objetivo de ser una fuente de ayuda ante el “galimatías jurídico” que percibe la mayoría de población en esta materia.

DIFERENCIAS ENTRE INCAPACIDAD PERMANENTE Y DISCAPACIDAD O MINUSVALÍA

La incapacidad permanente, es reconocida únicamente por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (I.N.S.S.), y tiene en cuenta las cotizaciones efectuadas por la vida laboral del trabajador, sus dolencias, y las limitaciones que estas secuelas comporten, de manera que es determinante hacer una comparación entre actividad laboral y limitaciones físicas, pues no todas las patologías impiden el trabajo activo.

O dicho de otro modo, para acceder a una incapacidad permanente se requiere:

a) Estar en situación de alta (trabajando / cotizando en una empresa) o estar en situación de desempleo, con inscripción continuada como solicitante de empleo en las oficinas del Servicio Público de Empleo estatal.

b) Tener acreditado un periodo de cotización efectiva previo que es variable en función de los años que tenga el interesado en el momento de tramitar la solicitud de invalidez (si se trata de accidente laboral no se requiere periodo de cotización previo).

c) Presentar secuelas definitivas, esto es, dolencias que ya no puedan mejorar, por haberse agotado todas las posibilidades terapéuticas y que tengan un efecto limitante aparejado.

d) Que las dolencias sean incompatibles con las tareas del puesto de trabajo, o incluso con toda actividad laboral, si éstas son muy intensas.

e) Que en ningún caso el interesado haya cumplido ya la edad de jubilación.

En caso de cumplir los anteriores requisitos, se formula una solicitud administrativa ante el I.N.S.S., tras la cual seremos evaluados médicamente por el INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIONES MÈDIQUES (ICAMS), y finalmente es el INSS quién dicta la Resolución final, acogiendo la solicitud de invalidez, o denegándola.

En caso de concesión de Invalidez, se tiene derecho a percibir una prestación económica mensual de cuantía variable según nuestras cotizaciones, con dos pagas extras si ésta ha sido concedida por enfermedad común y en 12 pagas si es concedida por accidente de trabajo.

Así pues, en la incapacidad permanente lo que se pretende es obtener una pensión mensual, sustitutiva del salario que percibíamos anteriormente, al no poder seguir trabajando por una dolencia o enfermedad, teniendo el carácter de prestación contributiva, pues se genera en gran parte por las cotizaciones o carrera de seguro del trabajador y está pensada para aquellas personas que tengan un vínculo actual con el mundo laboral.

Para aquellos colectivos que, o bien no hayan cotizado nunca al sistema de Seguridad Social o bien sus cotizaciones no alcancen el mínimo requerido para acceder a una pensión de invalidez permanente, se pueden acoger a la valoración de discapacidad o minusvalía.

Hay grandes diferencias entre la minusvalía y la incapacidad permanente abordada en el punto anterior, veamos cuáles:

a) Organismo que tramita: la solicitud de reconocimiento de discapacidad depende de servicios sociales de la Comunidad Autónoma (en Catalunya, el Departament de Benestar Social i Família).

b) Es indiferente la edad que tenga el solicitante (desde bebés, hasta gente de muy avanzada edad, incluso cumplidos los 65 años).

c) Resulta irrelevante las cotizaciones, y la profesión habitual, o si se realiza o no actividad laboral, pues sólo se determina la situación de minusválido con arreglo a las patologías.

d) Se expresa la discapacidad o minusvalía en porcentajes, valorando las dolencias que se presenten (físicas, psíquicas, sensoriales, visuales), con arreglo a los Baremos contenido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Si se alcanza un porcentaje de discapacidad de al menos el 33% tendremos la consideración de persona discapacitada.

e) Se tienen en cuenta y se valoran aparte la necesidad de ayuda de 3ª persona y si se supera el Baremo que impide el uso de transportes colectivos.

f) La valoración de discapacidad otorga ventajas sociales, de las cuáles citamos las que consideramos más destacadas y de interés general:

– Deducciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que pueden ser mayores o menores en función de si la discapacidad es de un 33 % o si es superior, por ejemplo un 65 %.
– Exenciones en impuesto sobre matriculación de vehículos.
– Deducciones en el Impuesto de Sucesiones y donaciones.
– Exenciones en impuesto de matriculación de vehículos.
– Reducciones en impuesto de patrimonio y transmisiones patrimoniales
– Bonificaciones en títulos de transporte metropolitano.
– Tarjeta de aparcamiento y reserva de parquing individual en vía pública en caso de que en la valoración de la minusvalía superemos baremo de movilidad.
– Bonificaciones de Seguridad Social para empresas que tengan contratado a un trabajador con discapacidad igual o superior al 33 %.

DIFERENCIAS ENTRE INCAPACIDAD PERMANENTE Y DISCAPACIDAD O MINUSVALÍA

Sólo para los casos en que no se tenga derecho a acceder a una pensión del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL pero se tenga una discapacidad igual o superior al 65%, se tenga entre 18 y 65 años y se carezca de rentas propias y de la unidad familiar, se podrá acceder a las denominadas pensiones no contributivas por invalidez, con un importe mínimo anual para 2015 de 91,73€ y máximo de 366,90€ por 14 mensualidades al año, cuantía que puede incrementarse para discapacidades superiores al 75 % y que necesiten ayuda de tercera persona.

Igualmente se puede acceder a la pensión no contributiva de jubilación sólo para los casos en que no se tenga derecho a acceder a una pensión del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL pero se tenga una discapacidad igual o superior al 65%, y más de 65 años de edad, y se carezca de rentas propias y de la unidad familiar, con un importe mínimo anual de prestación para 2015 de 91,73€ y máximo de 366,90€ por 14 mensualidades al año.

Vemos, en síntesis, que el Departament de Benestar Social en lo que se refiere a las valoraciones de la minusvalía, sólo otorga ventajas sociales, a excepción de colectivos muy determinados que podrán acceder con una minusvalía superior al 65% a las prestaciones no contributivas por invalidez y jubilación, pero sólo en los casos de carencia de recursos económicos.

En resumen, si somos trabajadores tanto del régimen general de la Seguridad social, como del Régimen de Autónomos y tenemos secuelas que nos impiden trabajar, y hemos cotizado al sistema de Seguridad Social, tendríamos que optar por tramitar una incapacidad, gestionándola ante el INSS.

Si por el contrario, no hemos cotizado al sistema de Seguridad social o no lo suficiente, pero tenemos dolencias físicas, tendremos que tramitar una minusvalía ante la GENERALITAT DE CATALUNYA, obteniendo ventajas sociales y fiscales o si tenemos una discapacidad muy acusada, por encima del 65% optando por una prestación no contributiva, siempre que tengamos carencia de rentas.

En todo caso, es preciso que consulten su caso concreto con un Abogado especializado en Derecho de la Seguridad Social, para que pueda orientarles sobre las prestaciones a solicitar, o incluso, para que les indique si podrían tramitar ambas solicitudes simultáneamente, para obtener mayores beneficios.

Susana Baucells Ruiz
Abogado en PEREZ TIRADO ABOGADOS

 

 

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