A lo largo de los años de ejercicio como Abogada especialista en Derecho de la Seguridad Social en PEREZ TIRADO ABOGADOS, he atendido muchas consultas de clientes que deseaban tramitar una incapacidad o una minusvalía / discapacidad.

Muchos de nuestros clientes llegan al despacho desconociendo las diferentes funciones de ambas (incapacidad o una minusvalía / discapacidad) y las consecuencias jurídicas aparejadas a cada una de ellas.

Tras mantener una extensa conversación con el cliente, en algunas ocasiones compruebo que éste tenía una idea preconcebida de precisar una incapacidad y, cuando ha conocido en que consiste, ha preferido por su situación personal tramitar una minusvalía.

Con el presente artículo lo que pretendo, en la medida de lo posible, es clarificar ambos conceptos de la forma más gráfica y sencilla, e intentar que dicha información pueda llegar a todas aquellas personas que estén interesadas en estos asuntos, con el objetivo de ser una fuente de ayuda ante el “galimatías jurídico” que percibe la mayoría de población en esta materia.

DIFERENCIAS ENTRE INCAPACIDAD PERMANENTE Y DISCAPACIDAD O MINUSVALÍA

La incapacidad permanente, es reconocida únicamente por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (I.N.S.S.), y tiene en cuenta las cotizaciones efectuadas por la vida laboral del trabajador, sus dolencias, y las limitaciones que estas secuelas comporten, de manera que es determinante hacer una comparación entre actividad laboral y limitaciones físicas, pues no todas las patologías impiden el trabajo activo.

O dicho de otro modo, para acceder a una incapacidad permanente se requiere:

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A raíz de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que anula el embargo de cuentas provocado por no pagar una multa de tráfico,

Sentencia TSJ Madrid notif multas embargo cuentas

Me gustaría comentar algunos aspectos destacables:

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelve el Recurso Contencioso-Administrativo planteado por la Asociación AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) en relación a la impugnación de una liquidación efectuada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por una multa de tráfico exigida por vía de apremio.

Los hechos de los que deriva el Recurso se centran en que en su día por parte de la Dirección General de Tráfico (dependiente del Ministerio de Interior) se intentó la práctica de la notificación de la sanción pecuniaria a la asociación recurrente, tan sólo por una vez y en un domicilio que resultó según el servicio de correos como “desconocido” cuando años antes la recurrente había comunicado al Ministerio del Interior el cambio de domicilio, facilitándose otra dirección en la que se podía haber llevado a cabo un segundo intento de notificación. No obstante lo anterior, la Administración optó por la notificación Edictal, sin efectuar ulteriores gestiones de averiguación de domicilio.

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